La sociedad española ha tendido siempre al optimismo según la experiencia demoscópica acumulada. No obstante, nunca antes nuestro país se había enfrentado a una CRISIS ECONÓMICA tan duradera, tan extendida y tan profunda como la actual. Una crisis que parece estar haciendo mella en el tradicional optimismo de los españoles: cada año que pasa desde que se inició, son menos los españoles que dicen abordar el nuevo año con optimismo y más quienes se abonan a la visión pesimista.
En enero de 2010, ya con la crisis instalada y asentada en nuestra sociedad, todavía eran una abrumadora mayoría los ciudadanos (el 78%) que afirmaban empezar el año con un espíritu optimista y solo uno de cada cinco (19%) decía hacerlo con pesimismo. La diferencia entre unos y otros dejaba, así, un balance positivo de +59 puntos. La ausencia de mejoras en los indicadores económicos —incluso más bien su empeoramiento— ha ido mermando ese balance año tras año: en enero de 2011, era ya 10 puntos inferior (+49) y en enero de 2012 disminuía hasta situarse en +14.
Ahora que se inicia el sexto año de la crisis, la diferencia entre los optimistas y los pesimistas sigue decreciendo y ya es solo de 5 puntos a favor de los primeros: 48% frente a 43%. Un aumento del pesimismo que concuerda con el vertiginoso aumento del porcentaje de ciudadanos que califican negativamente la situación económica nacional: si en enero de 2007 —cuando todavía las palabras “crisis económica” nos remitían a los primeros años de la década de los noventa— las opiniones positivas sobre la marcha de la economía casi duplicaban a las negativas (50% frente a 27%), ahora estas últimas son prácticamente absolutas: el 95%.
El hecho de que también la economía familiar de los españoles se esté viendo afectada ayuda a extender el pesimismo. Año tras año, decrecen quienes describen su situación económica familiar como muy buena o buena: eran el 54% en enero de 2010 y son ahora el 45%. Y las perspectivas de futuro no parecen mucho más halagüeñas: un 41% piensa que la situación económica de España empeorará a lo largo de los próximos meses, un 38% que seguirá igual y solo un 19% cree que mejorará; el 82% piensa que el paro se va a mantener igual que ahora durante bastante tiempo todavía o incluso que aumentará; un tercio (32 %) de quienes actualmente tienen trabajo cree probable perderlo en un futuro cercano y un 74% de quienes están en paro ven poco o nada probable encontrar trabajo en los próximos meses.
Se trata de un panorama desolador que ayuda a explicar la angustia que siente la abrumadora mayoría de los ciudadanos tanto por la situación económica del país (94%) como por la suya particular (84%). Una angustia que se torna en desamparo cuando ni las principales instituciones nacionales ni la clase política en su conjunto están sabiendo transmitirles seguridad y sosiego. Las consecuencias sociales de esta doble crisis económica y política —no olvidemos los recortes en el gasto público, los mayores en nuestra reciente historia democrática— podrían llegar a desestabilizar nuestra sociedad e incluso hacerla descarrilar. O eso es al menos lo que opina ni más ni menos que el 73% de los españoles, para los que nuestro país se encuentra al borde de un estallido social a causa del nivel de paro y pobreza ya alcanzados. Probablemente lo que esta respuesta expresa no es tanto la percepción de la inminencia real de dicho estallido si no el extendido temor de que si las cosas no mejoran eso sea lo que inevitable —e indeseadamente— termine pasando.
Hasta ahora la sociedad española ha reaccionado con serenidad y civismo ante cuanto lleva ya cinco años ocurriendo, y ello pese a la generalizada sensación de agravio comparativo: un abrumador 96% piensa que los efectos de la crisis no están siendo soportados por igual por todos los sectores sociales sino que solo están recayendo sobre una clase media en situación cada vez más precaria y sobre los sectores más desfavorecidos, cada vez más empujados hacia la marginalidad. La idea ampliamente dominante (detectada ya en un sondeo reciente de Metroscopia) es que estaríamos regresando a una España minoritaria de ricos frente a otra, crecientemente mayoritaria, de personas pobres o en trance de serlo.
En todo caso, la gravedad que la situación parece haber alcanzado ya queda reflejada en el hecho de que ni más ni menos que el 86% de los españoles piense que de no ser por la intervención de entidades asistenciales como Cáritas o Cruz Roja la crisis social se habría hecho ya insostenible. Lo que se conoce como tercer sector (organizaciones sin ánimo de lucro) estaría así actuando como eficaz dique de contención, impidiendo, por ahora, el derrumbe social. En cambio, el primer sector (es decir el ámbito político-institucional), del que la ciudadanía espera en primera instancia solución a sus problemas, solo inspira, según la práctica totalidad de la ciudadanía (97%), desconfianza y desafección crecientes.
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